GABRIEL BOTTAROEl ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López junto al secretario de Seguridad, Claudio Stampalija y a la Jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, presentaron la adquisición de 1000 armas no letales que se suman al equipamiento de la Policía de Córdoba.
Se trata de armas que permiten incapacitar múltiples agresores con un solo dispositivo, preserva la distancia permitiendo disparos efectivos hasta 30mts. y despliega agentes químicos que contienen de forma indirecta, logrando incapacitar de manera temporal a los agresores. De esta manera se minimiza el riesgo de la vida de los involucrados.
El nuevo equipamiento será destinado al accionar de las Unidades Operativas de calle de la fuerza policial donde se cuenta con personal instruido para los fines.
Esta adquisición está enmarcada en el diseño de un protocolo que realizó el gobierno provincial en el año 2020, que determina que “el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad debe ser el mínimo necesario, y proporcional a la amenaza”, conforme a la Ley de Seguridad Interior, Ley Nacional de Seguridad Pública, Ley Provincial de Seguridad Pública y los Protocolos vigentes relativos al uso racional de la fuerza. Es por ello que desde comienzo de año se trabajó sobre la idea de incorporar armas menos letales, diseñadas para incapacitar o controlar a una persona y reducir al mínimo el riesgo de lesiones graves o muerte. 
En la presentación, realizada en el Salón Azul de la Policía de Córdoba, el ministro López comentó “Esto no es una acción aislada sino que va de la mano con varias acciones que estamos llevando adelante desde el Gobierno de Córdoba y nos parece importante seguir sumando herramientas a nuestros efectivos policiales para seguir combatiendo el delito” además agregó que “En 45 días todas las armas estarán a disposición del personal policial conforme a que la fuerza vaya realizando las capacitaciones correspondientes”.
Con la adquisición de estas armas el Gobierno de Córdoba se suma a los estándares internacionales en el uso racional y escalado de la fuerza, privilegiando la integridad y vida de los ciudadanos, operando y haciendo real el respeto de los derechos humanos.
