GABRIEL BOTTARO
El incremento anunciado por el gobernador Martín Llaryora ya se refleja en los haberes de este mes y alcanza a los jubilados con menores ingresos.
La medida se inscribe en la política previsional provincial orientada a sostener la Caja y proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores.
Además del aumento, el Gobierno de Córdoba ratificó la defensa del sistema jubilatorio provincial y el avance en la restitución del 82%.
Los jubilados provinciales que perciben la mínima comenzaron febrero con una buena noticia: Los haberes percibidos este mes ya reflejan el aumento anunciado por el gobernador Martín Llaryora, que elevó la jubilación mínima a 800 mil pesos.
La medida impacta de manera directa en los beneficiarios con ingresos más bajos, fortaleciendo su poder adquisitivo en un contexto económico nacional complejo.
El incremento forma parte de una serie de decisiones adoptadas por la Provincia para sostener la Caja de Jubilaciones y proteger a quienes más lo necesitan.
Con este ajuste, Córdoba vuelve a ubicarse entre las jurisdicciones que otorgan las jubilaciones mínimas más altas del país.
“Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, afirmó Llaryora ayer en la apertura de sesiones de la Legislatura al ratificar que el sistema previsional provincial seguirá bajo administración cordobesa.
El mandatario advirtió que un eventual traspaso implicaría una caída drástica de los ingresos y una realidad similar a la que hoy enfrentan muchos jubilados nacionales, con dificultades para cubrir necesidades básicas o acceder a medicamentos esenciales.
El gobernador también confirmó que antes de fin de año se incorporará un mayor número de jubilados al beneficio del 82%, un objetivo que avanza tras decisiones que redujeron el déficit previsional sin resignar derechos.
En diciembre pasado, más de 50 mil jubilados recuperaron el 82% y otros 10 mil dejaron de realizar el aporte del 20% previsto en el artículo 58, gracias a la Ley de Equidad Jubilatoria aprobada por la Legislatura.
Esta norma establece un esquema de esfuerzo compartido y solidario entre trabajadores activos y pasivos, bajo el principio de que quienes perciben mayores ingresos aportan más para garantizar la sustentabilidad del sistema.
La actualización de febrero consolida la política previsional provincial, que mantiene como prioridad cuidar los ingresos de los adultos mayores, mientras continúa avanzando en la recomposición y la mejora progresiva del sistema jubilatorio cordobés.
